Velasco investiga si González cobró mordidas millonarias por adelantado del Campus de la Justicia

Según ha podido saber OKDIARIO, el juez Eloy Velasco investiga si Ignacio González cobró «mordidas millonarias por adelantado» por el proyecto del Campus de la Justicia en Valdebebas en su recta final como presidente de la Comunidad de Madrid. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta de las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a más de 1.300 millones de euros, aunque finalmente nunca se firmó la adjudicación.

Las fuentes consultadas aseguran que «todas las adjudicaciones y contratos relacionados con el Campus de la Justicia los trataba en primera persona Ignacio González. Un hecho sorprendente porque era el presidente» apuntan.

Estas mismas fuentes aseguran que el entonces presidente madrileño «sólo autorizaba a su entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, a participar en las gestiones relacionadas con el Campus de la Justicia, cuando él tenía otros compromisos».

Este viejo proyecto iniciado en el año 2004 mientras Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid tenía el objetivo de centralizar todas las sedes judiciales en el nuevo desarrollo urbanístico madrileño de Valdebebas. Dicho proyecto se guardó en un cajón cuando comenzó la crisis económica, pero Ignacio González lo recuperó cuando llegó a la presidencia madrileña, especialmente en la recta final de su mandato.

En febrero de 2015, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba las condiciones económicas que el Ejecutivo regional de González había impuesto para las empresas que optaran a construir las nuevas instalaciones judiciales. Una decisión que se tomaba cuando la polémica del ‘caso Dúplex’ y otros casos de corrupción golpeaban a González en los medios de comunicación y sólo un mes antes de que Cristina Cifuentes fuera designada oficialmente candidata para las elecciones autonómicas de mayo de ese año.

González planteaba un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que vería la luz en el año 2019 y cuyo presupuesto base de licitación de las obras superaría inicialmente los 1.300 millones de euros aproximadamente. La Comunidad de Madrid ya había invertido cerca de 288 millones sobre el terreno y las compañías adjudicatarias tendrían que aportar los 483 millones restantes. 

Salvador Victoria e Ignacio González en la Asamblea de Madrid.

La licitación fue conseguida por la UTE Acciona y OHL, pero la rúbrica definitiva de adjudicación no se llegó a plasmar. Posteriormente, Cristina Cifuentes tras llegar a la presidencia regional ordenaba paralizar el proyecto ante las sospechas de que se hubieran cometido irregularidades durante el proceso, originando un proceso judicial. La presidenta madrileña presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para poder paralizar el proyecto.

Hace dos meses, el Campus de la Justicia era debatido en la Asamblea de Madrid, después de que el libro de contabilidad «desparecido» finalmente apareciera año y medio después.

Registros en OHL

Precisamente, este jueves los agentes de la UCO que están realizando la «Operación Lezo» en coordinación con el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, registraban las oficinas de OHL en Madrid.

La UCO se personaba en el rascacielos Torre Espacio, en el Paseo de la Castellana, con cajas de cartón con el fin de abandonar las oficinas con documentación que pueda acreditar mordidas. Los investigadores tendrían entre otros objetivo recabar documentos sobre una presunta comisión de 1,4 millones de euros que se habría abonado en una cuenta en Suiza en 2007. Velasco busca el rastro del dinero que González habría obtenido por el contrato del tren de Navalcarnero, otorgado a la empresa de Juan Miguel Villar Mir y que nunca llegó a circular.

El agujero de esta obra es de 300 millones. Adjudicado por la Comunidad en 2008, el proyecto contemplaba un cercanías que conectara con Móstoles, con una longitud de 14,6 kilómetros. La previsión es que subieran a diario 20.000 pasajeros, cifra que luego se rebajaría a 4.000 antes de dejar en suspenso la infraestructura.